Las organizaciones criminales en Ecuador dejaron de ser pequeñas bandas: controlan barrios, cárceles, rutas marítimas y actividades económicas Según el debate de la Ley Antimafias, tendrían entre 41.000 y 80.000 integrantes armados, superando los 36.000 militares y acercándose a los 57.000 policías. Detrás hay una economía paralela que recluta, trafica droga, lava dinero, infiltra instituciones y administra territorios. Ecuador pasó de tránsito a eslabón estratégico de la cocaína internacional, aliado con el Cártel de Sinaloa, el CJNG, redes balcánicas y la ‘Ndrangheta. Las bandas locales aportaron territorio y logística; recibieron armas, dinero y cargamentos.
En 2024 se identificaron 22 grupos terroristas; en 2025-2026, 48 estructuras. Los Lobos tendrían 11.000 miembros; Los Choneros y aliados, 12.000. Wagner Bravo atribuye la expansión al debilitamiento institucional y a la diversificación hacia minería ilegal, tráfico de personas y contrabando. La Academia de Ciencias Policiales calcula pérdidas de $10.000 a $12.000 millones anuales, 10 % del PIB. La minería ilegal movería $1.300 millones al año; en 2025, la UAFE detectó operaciones sospechosas por más de $1.200 millones; el contrabando desviaría más de $500 millones anuales; y el robo de hidrocarburos causó $166 millones. La Ley Antimafias busca atacar patrimonio, logística y liquidez: sancionar la pertenencia a organizaciones criminales, elevar penas y facilitar incautación y venta anticipada de bienes.
