Los 28 pescadores de las embarcaciones ecuatorianas destruidas en altamar por militares de Estados Unidos fueron liberados la tarde del sábado 5 de septiembre, luego de que la justicia no calificara la flagrancia. Diecinueve de ellos integraban la tripulación del OM 2, interceptado y hundido el jueves, mientras que los otros nueve pertenecían al Conquista II, destruido el miércoles. Un juez no determinó su implicación en delito alguno. Ese mismo sábado se celebró una audiencia de habeas corpus solicitada por organizaciones de derechos humanos y familiares de los ocupantes del Conquista II, debido a que ocho personas que viajaban en esa embarcación siguen desaparecidas.
Un juez de Manta ordenó que, en un plazo de 24 horas, la Cancillería ecuatoriana remita un oficio a la Embajada de Estados Unidos para solicitar información sobre las intervenciones, destrucción y hundimiento de las naves ecuatorianas. Además, dispuso identificar el punto exacto donde fue hundida el Conquista II y la ubicación actual de sus restos. En nueve días, cuatro embarcaciones ecuatorianas fueron interceptadas por personal militar. El Comando Sur de Estados Unidos reconoció la autoría de dos de esas acciones.
Ambos gobiernos sostienen que las naves operaban como estaciones flotantes de abastecimiento de combustible para apoyar operaciones de narcotráfico vinculadas con Los Choneros, organización considerada terrorista por los dos países. Los familiares rechazan esas acusaciones. Amnistía Internacional pidió investigar las acciones estadounidenses, incluidos estos casos y otros dos ataques contra embarcaciones ecuatorianas registrados en marzo cerca de las islas Galápagos.
