En 2019, Copedesa S.A. era una microempresa: declaró USD 0 en ventas y ocupaba el puesto 74.528 entre 92.034 compañías. En 2023 facturó USD 53,2 millones y quedó entre las 500 mayores del país. El 29 de agosto de 2026, el Tribunal del caso Triple A declaró responsable penal por distribución ilegal de hidrocarburos a Copedesa y otras cinco empresas: les impuso la multa máxima de 1.000 salarios básicos y ordenó su clausura y disolución.
El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez Henriques, representante legal y presidente de Copedesa al firmarse los contratos con Petroecuador, fue condenado a seis años y ocho meses de prisión como autor directo. Copedesa pasó de USD 0 en ventas (2019) a USD 14,4 millones (2022) y USD 53,2 millones (2023). La defensa de Álvarez sostuvo que el combustible era lícito y documentado, y que una comercializadora no puede controlar el destino final del producto. El tribunal desestimó ese argumento. La sentencia será notificada y Álvarez apelará.
