El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, fue declarado autor directo del delito de comercialización ilegal de hidrocarburos en el caso Triple A. Según el Tribunal, Álvarez tuvo participación directa en las actividades investigadas debido al control que mantenía sobre las compañías Copedesa, Corpalubri y Ternape, de las que era representante legal, presidente y accionista mayoritario.
Los testimonios y documentos presentados durante el proceso determinaron que conocía el funcionamiento de las empresas y tenía injerencia en sus operaciones. El juez señaló que Álvarez no cumplía únicamente funciones administrativas, sino que organizaba y dirigía las operaciones relacionadas con la comercialización irregular de combustibles. Por estos hechos, el Tribunal lo sentenció a seis años y ocho meses de prisión y al pago de una multa equivalente a 12 salarios básicos unificados.
