A simple vista, parecían inofensivos barcos pesqueros frente a las costas de Manta. Sin embargo, el Departamento del Tesoro de EE.UU. afirma que parte de esa flota operaba como estaciones de servicio móviles en altamar para abastecer a lanchas rápidas cargadas con cocaína rumbo a México. La acusación forma parte de una sanción de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) contra una red de ocho personas, siete empresas ecuatorianas y diez embarcaciones. A la cabeza aparece Alfonso Mero Mero y sus hijos, Edwar y Roberth Mero Arcentales, vinculados a la empresa familiar Arcasdenoe S.A. Según la OFAC, la organización usaba barcos registrados para actividades comerciales como plataforma logística en la ruta del narcotráfico del Pacífico oriental.
La clave del esquema era el abastecimiento: mientras las lanchas rápidas avanzaban hacia Centroamérica y México, los pesqueros se encontraban en puntos coordinados para entregarles combustible, víveres y hasta asistencia médica, extendiendo su autonomía sin tocar tierra. Un elemento crítico fue el uso de combustible subsidiado por el Estado ecuatoriano, adquirido bajo la fachada de faenas de pesca legítimas para desviarlo a operaciones ilícitas.
Con esta red, se movilizaban miles de kilos de cocaína desde Sudamérica hasta organizaciones criminales mexicanas, como el Cartel de Sinaloa y el CJNG, para su posterior ingreso a EE. UU. La sanción congela los activos de las diez naves, entre ellas «Arca de Noé IV» y «Rey de Arca», vinculadas al clan Mero, así como de otras dos relacionadas con el operador Jimmy Alarcón Holguín. También se incluye a colaboradores como Julio Mero Franco, acusado de coordinar el traslado de 30 a 40 toneladas de cocaína mensuales para Los Choneros. El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó que es un primer paquete de sanciones y anticipó más acciones.
