Cristina Kirchner, condenada por corrupción a seis años de prisión e inhabilitación perpetua, recurrió al Comité de Derechos Humanos de la ONU alegando inocencia y proscripción política.
“La proscripción perpetua es, en realidad, la pena principal”, dijo la expresidenta (2007-2015), en prisión domiciliaria desde 2025. Sus abogados, liderados por Rafael Valim (quien defendió a Lula), solicitaron medidas cautelares: suspender la inhabilitación, recomponer la Corte Suprema a cinco miembros y quitarle la tobillera electrónica.
Valim afirmó que el Comité emite dictámenes vinculantes y las cautelares podrían resolverse en meses. Kirchner denunció “machismo estructural” y exigió someter a los jueces al escrutinio internacional. La inhabilitación agita al peronismo: su hijo Máximo Kirchner dijo “queremos que sea candidata” en 2027 frente a Milei. La justicia le rechazó evitar un decomiso millonario, le suspendió la jubilación y pensión, y en junio la intimó a no violar su arresto domiciliario.
