La tragedia en Venezuela es un espejo incómodo para Ecuador. Allá, columnas con hierros retorcidos y mampostería que se suponía antisísmica se convirtieron en armas letales contra una población que confió y reclamó demasiado tarde. No exigir seguridad al lugar donde vivimos es una negligencia compartida, sobre todo cuando se sabe que en Ecuador solo el 30 % de las edificaciones cumple la norma sismo resistente Quito es particularmente vulnerable. Está levantada sobre una falla geológica de 60 kilómetros que cruza la ciudad de norte a sur, con suelos inestables de cancagua, arena y roca, además de rellenos acuíferos y antiguas quebradas. La sismicidad subterránea es constante, aunque no siempre perceptible.
Los derrumbes no son desastres naturales: son fruto de la imprudencia ciudadana, la falta de planificación y la corrupción. El poder económico se impone a la técnica. Una investigación de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial sancionó al Municipio de Quito por otorgar en 2018 —y ratificar en 2023— un permiso de construcción en zona de alto riesgo. Las multas se pagan, pero el peligro persiste. La autoridad termina suplicando: «Prepárense y ayúdennos a difundir las recomendaciones y sanciones, porque la primera forma de ordenarnos es respetar las normas».
En Guayaquil, la segunda ciudad más amenazada por su densidad, el miedo crece ante la falta de un catastro de edificios antiguos. Otto Lara, de la Cámara de la Construcción, urge: «Hay que evaluar y reforzar todas las edificaciones antiguas». Esa tarea pendiente la comparten todas las ciudades del país. Sin inversión en prevención ni verificación estructural, mientras el Instituto Geofísico advierte acumulación de energía sísmica, Ecuador construye sobre un polvorín.
