Cada año, miles de ecuatorianos solicitan una visa Schengen de corta estancia para ingresar a la Unión Europea. Sin embargo, entre 2019 y 2025, la tasa de rechazo se duplicó, pasando del 15 % al 31 %. Este incremento persistente refleja que, pese a las medidas adoptadas, el problema no ha hecho sino agravarse. En 2022, los rechazos ya alcanzaban el 22 %, impulsados por la proliferación de documentos falsos y las irregularidades de tramitadores en Ecuador. Como respuesta, el país comenzó a emitir masivamente pasaportes biométricos con los estándares internacionales vigentes, y la mayoría de los consulados europeos delegaron la gestión de solicitudes en empresas externas. Aun así, las cifras siguieron en ascenso.
En el contexto regional, pocos países latinoamericanos necesitan este visado. En Brasil, Chile, Paraguay o Perú, las tasas de rechazo afectan a un número mínimo de personas, en su mayoría de otras nacionalidades. Ecuador, en cambio, registró en 2025 más de 106.000 solicitudes, con más de 32.000 denegaciones. Solo Bolivia y Haití con el 43 % y el 35 % de rechazos, respectivamente superan ese porcentaje en la región, aunque con un volumen de solicitantes radicalmente menor.
Este panorama aleja la posibilidad de que Ecuador consiga la exención del visado Schengen, una promesa incumplida de tres gobiernos. Uno de los requisitos clave es, precisamente, la reducción sostenida de la tasa de rechazo. A ello se suma que, a partir de 2026, las condiciones para obtener el visado serán más estrictas, lo que hace prever un nuevo repunte en las denegaciones y posterga aún más cualquier avance hacia la eliminación del requisito.
