El 18 de junio de 2026, mediante Decreto Ejecutivo, el Gobierno redujo el gabinete de 14 a 10 ministerios, fusionando Agricultura, Producción y Finanzas en el nuevo Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo. La medida ya genera trabas. Bruno Leone, presidente de la Cámara de Pesquería, denuncia que despidieron a tres de los seis agentes que firman certificados sanitarios y de captura para el atún (80 % de la oferta pesquera), demorando trámites y causando sobrecostos en puertos extranjeros. Reemplazarlos toma seis meses.
En el agro, José Luis García, del Comité de Defensa del Agricultor, advierte que aún no se define el futuro del programa de Agricultura Familiar Campesina ni de entidades como Agrocalidad e INIAP; teme que el ajuste priorice la política económica sobre las necesidades del campo. Xavier Rosero, de Fedexpor, alerta un debilitamiento institucional que complica la transición y anuncia una propuesta para fortalecer los servicios al exportador.
El sector camaronero, según José Antonio Camposano, aún no sufre una paralización general, pero teme cuellos de botella en la Subsecretaría de Calidad e Inocuidad, ya limitada, si no recibe más recursos. Además, los exportadores reclaman falta de consulta; el país sigue en “tarjeta amarilla” de la UE. Marcelo Bodero advierte que la fusión de Economía y Producción podría poner en riesgo incentivos fiscales, restando competitividad. Propone mantener una estructura independiente que garantice con previsibilidad al inversor.
