Por disposición aprobada por el Pleno de la Asamblea Nacional, la Comisión de Gobiernos Autónomos investiga el patrimonio de alcaldes y prefectos para detectar incrementos injustificados. Solicitará información al Ministerio del Trabajo, SRI y UAFE para contrastar datos.
La presidenta Lucía Pozo (ADN) explicó que la primera fase recopilará y analizará la información de todas las autoridades seccionales a fin de concatenarla; si se detectan irregularidades, se construirá un informe. La oposición cuestiona la fiscalización a pocos meses de las elecciones seccionales de 2026 y la vincula con otras investigaciones: el informe sobre la compra de trolebuses en Quito y la revisión de Segura EP en Guayaquil. Patricia Núñez (RC) señaló: “Tienen candidatos que de pronto les estorban y en ese momento buscan, de cualquier manera, no hacer una lid electoral que sea equitativa”. Mariana Yumbay (Pachakutik) indicó: “No vamos a poder censurar ni destituir a alcaldes y prefectos.
Nos queda levantar los informes y enviarlos a la Contraloría, Fiscalía u otras entidades”. El oficialismo negó motivaciones electorales; Pozo pidió actuar “de manera responsable y transparente”. La Comisión de Gobiernos Autónomos tendrá un plazo de 90 días para concluir la investigación y elaborar un informe con sus hallazgos. Posteriormente, el documento será remitido al Pleno para su conocimiento y aprobación, en un calendario que coincidiría con las semanas previas al inicio del proceso electoral seccional.
