Dirigentes de las operadoras de transportes de pasajeros interprovincial e intracantonal del país esperan respuestas favorables sobre la revisión de pasajes de acuerdo a los costos actuales de operación.
Revisión que debe ser analizada en base al estudio técnico que entregó al Ejecutivo la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador (Fenacotip), el lunes de esta semana. Sus principales demandas son, entre ellas la revisión de las tarifas, el pago de compensaciones por el subsidio al combustible y acciones concretas para combatir la informalidad en el transporte.
Por ello esperan se posesione el nuevo directorio de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), para continuar con las mesas de diálogo, detalló Xavier Pinto, del comité de vigilancia de la Fenacotip. El gremio no descarta el apagado de motores en caso de no llegar a un acuerdo a sus peticiones, medida que tendrían previsto aplicar en los primeros días de este mes. La Fenacotip agrupa a unas 800 operadoras del país, de las cuales 27 prestan servicio dentro y fuera de la provincia de Esmeraldas.
Pinto señaló que los transportistas trabajan los 365 días del año bajo cualquier condición climática y, pese a ello, consideran que su labor no siempre es valorada por la ciudadanía. Afirmó que, además de enfrentar constantes expresiones de inconformidad de algunos usuarios, el sector realiza importantes inversiones para mantener operativas sus unidades, sin tener garantías de recuperar esos recursos debido al incremento de los costos de operación, diésel, repuestos, llantas y mantenimiento mecánico.
Lupo Quiñónez, presidente de la operadora intracantonal Del Pacífico, en Esmeraldas, expresó que otro de los inconvenientes que tienen son el servicio informal en taxis y camionetas, a lo que se suma la delincuencia y afectaciones en tramos viales en las carreteras. Según explicó, vehículos particulares, taxis y camionetas realizan transporte de pasajeros sin los controles correspondientes, afectando la competitividad de las operadoras legalmente constituidas.
Ricardo Sánchez, otro transportista intracantonal, aseguró que mientras las cooperativas de Esmeraldas mantienen tarifas reguladas de entre 5,50 y 6 dólares en determinados recorridos, los servicios informales llegan a cobrar entre 10 y 12 dólares. Sin embargo, sostuvo que los usuarios suelen exigir descuentos únicamente al transporte legal, situación que, según dijo, termina siendo asumida por las operadoras. En cuanto a la revisión tarifaria, precisó que la propuesta contempla una “tarifa social”, con el objetivo de no afectar significativamente a la ciudadanía, pero que permita garantizar la sostenibilidad económica del servicio. El dirigente Pinto hizo cuestionamientos sobre los compromisos relacionados con las compensaciones por el subsidio al combustible.
El dirigente también manifestó su preocupación por el avance de otros pedidos planteados por el sector, como la regulación de los salvoconductos, el registro de encomiendas y la legalización del servicio de courier dentro del marco normativo. Aseguró que estas propuestas han sido trabajadas conjuntamente con la Asamblea Nacional, pero hasta el momento no se han concretado.
Añadió que las dificultades derivadas del incremento del precio de los combustibles no afectan únicamente al transporte público, sino también al transporte pesado y, en general, a toda la población, ya que el aumento de los costos termina reflejándose en el precio de bienes y servicios.
Finalmente, sostuvo que el diálogo con el Gobierno continúa abierto, pero insistió en que el sector requiere respuestas inmediatas y no nuevos ofrecimientos sin resultados.
