En los patios del Grupo de Operaciones Especiales (GOE), el ministro del Interior, Jhon Reimberg, presentó el convenio entre dicha entidad con el Banco Central del Ecuador, en el que resaltó la potenciación en seguridad, inteligencia e investigación para el Estado.
El convenio busca fortalecer la seguridad en el traslado y custodia de valores del Estado mediante el desarrollo de capacidades operativas especializadas y el uso de tecnología, con el fin de proteger los recursos nacionales y contribuir a la seguridad nacional.
El ministro Reimberg junto con el comandante general de Policía, Pablo Dávila; además de Gustavo Camacho, presidente de la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria; y Jorge Ponce, gerente general (e) del Banco Central, suscribieron el convenio. Asimismo, el ministro presentó un nuevo implemento para fortalecer las filas de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Nueve camionetas fueron entregadas en una alianza público-privada que tiene el objetivo de ampliar la capacidad operativa del GOE en distintas provincias del Ecuador.
Chimborazo, Esmeraldas, Imbabura, Sucumbíos y Pichincha serán las provincias beneficiadas con esta nueva dotación que recorrerá las zonas de mayor conflicto delictivo en los sectores antes mencionados. Este anuncio se genera en medio del nuevo estado de excepción decretado por el presidente Daniel Noboa desde el pasado 16 de junio del 2026. Esta medida se extenderá por 60 días.
Pichincha, incluyendo Quito, Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos y Azuay, son las provincias que se verán inmersas en este nuevo decreto, luego del toque de queda finalizado el pasado 1 de junio en el país. Controles y registros obligatorios, allanamientos sin orden judicial, intervención de comunicaciones y requisición temporal, son algunas actividades que podrá desarrollar el Bloque de Seguridad durante los 60 días de vigencia.
En este evento, el ministro insistió que no hay un toque de queda. Sobre el estado de excepción, indicó que entre las operaciones se intenta trabajar con operaciones, sin embargo, la justicia toma cuatro a cinco días para permitir una orden de allanamiento.
