La investigación por lavado de activos contra Vicko Villacís reveló un salto patrimonial irregular en su primer año como alcalde de Esmeraldas. Al iniciar su gestión, declaró ante la Contraloría activos por USD 1,8 millones y deudas de USD 379.000 (patrimonio neto: USD 1,4 millones). Al año siguiente, reportó USD 4,6 millones en activos y USD 373.000 en pasivos: un patrimonio de USD 4,3 millones.
Este aumento no provendría de su gestión, sino que coincide con los pagos de Petroecuador (17 millones de dólares) por dos acciones de protección que la Fiscalía tilda de fraudulentas y que la Corte Constitucional revocó. Entre 2020 y 2025, Villacís recibió transferencias por USD 7,5 millones, aunque facturó solo USD 124.000. Además, su empresa Reypez Pacific S.A. recibiría fondos públicos: en 2023 registró transferencias por USD 12 millones, pero declaró USD 7,8 millones, ocultando USD 4,2 millones. Todo forma parte de la operación Blindaje.
