INTEGRIDAD O CORRUPCIÓN

El país va entrando en modo electoral. Las seccionales de noviembre se calientan con los nombres de los precandidatos para elegir a más de 5.700 autoridades seccionales, entre prefectos, alcaldes, concejales y juntas parroquiales. Para las elecciones de noviembre de 2026, se prevé que participen al menos 235 partidos y movimientos políticos con candidatos a distintas dignidades de elección popular. Para las últimas votaciones, en febrero del 2023, estaban habilitados 264 partidos, movimientos nacionales, locales, cantonales y parroquiales. Pese a ciertas decisiones controversiales del TCE por eliminar a ciertos partidos o movimientos, la cifra es aún exorbitante y, el control del origen, antecedentes y vínculos de cada candidato se vuelve casi imposible. De todas formas, poco –o nada– se ha hecho desde las últimas elecciones seccionales en 2023 para frenar el avance de la influencia, el dinero y el poder del crimen organizado y los carteles de narcotráfico en la política seccional del Ecuador. Ni los partidos, el CNE, la UAFE o ninguna otra entidad de los cinco poderes del Estado han logrado coordinar acciones para, al menos, intentar filtrar a los candidatos o introducir requisitos que disuadan la participación de elementos vinculados al crimen organizado. El riesgo de penetración del narco en la política crece año a año. Los más vulnerables son las alcaldías y prefecturas de poblaciones que están en las rutas del narcotráfico. Ahí, incluso, se observan vínculos maritales entre los hijos de caciques políticos y jefes delincuenciales. Los partidos deben analizar el pasado de sus candidatos, la procedencia de su patrimonio y sus lazos familiares y sentimentales, para evitar golpes reputacionales que minan la confianza en la democracia y arriesgan incluso la vida de todos a su alrededor. Por ello, la integridad de los políticos se convierte en un requisito no escrito en ninguna ley los electores deberían valorar de cara a la votación de noviembre.