El ministro de Producción, Luis Alberto Jaramillo, afirmó que el Gobierno no devolverá los $121,5 millones recaudados por la tasa de seguridad cobrada a importaciones colombianas entre febrero y abril de 2026.
«Esos recursos fueron utilizados para la seguridad en operativos fronterizos», justificó. La declaración se produjo tras la derogación de la medida por el Senae, lo que encendió alertas en el sector jurídico. Para el exministro Daniel Legarda, la postura contradice la normativa andina: cuando una medida es declarada ilegal, los recursos deben ser devueltos. Francisco Ballén, otro exministro, afirma que la devolución es inevitable y que el anuncio oficial busca desanimar a los importadores.
El origen del conflicto está en la Resolución N° 2582 de la Comunidad Andina (CAN), que declaró ilegal la tasa desde su implementación. El artículo 122 del Código Tributario ecuatoriano respalda la devolución por pago indebido. Existen precedentes: en 2017, una tasa similar también fue anulada y varios importadores lograron recuperar sus dineros tras procesos judiciales. Los afectados deben presentar un reclamo de pago indebido ante la aduana. Si es negado, pueden acudir al Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario. Además, pueden demandar al Estado por daños y perjuicios si acreditan pérdidas por contratos incumplidos.
