12 miembros de una familia habrían sido agredidas por miembros de la Policía Nacional en el parqueadero de un centro comercial.
Seis policías en servicio activo, entre ellos un oficial, enfrentan un proceso penal por el presunto delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio. La Fiscalía formuló cargos tras presentar 97 elementos de convicción ante una jueza de la Unidad Judicial de Garantías Penales de Iñaquito, en el norte de Quito. La investigación se relaciona con un procedimiento policial ocurrido la madrugada del 8 de diciembre de 2023, en los exteriores de un establecimiento de comida ubicado en un centro comercial de las avenidas Amazonas y Naciones Unidas.
Según la teoría del caso expuesta por la Fiscalía, un grupo de 12 personas, incluidos integrantes de una misma familia, sufrió agresiones por parte de uniformados motorizados de la Policía Nacional. El fiscal de la Unidad Especializada en Investigación de Uso Ilegítimo de la Fuerza explicó que las víctimas regresaban de un recorrido en una ‘chiva’ y buscaban un taxi para volver a sus hogares. En ese momento, varios policías se acercaron para exigirles que abandonaran el lugar. Durante el operativo, uno de los uniformados habría impactado con su motocicleta a una niña que acompañaba al grupo familiar.
Este hecho provocó el reclamo del padre y de otras personas presentes. De acuerdo con la versión presentada por la Fiscalía, los policías respondieron con golpes de puño, patadas, toletazos y gas pimienta. El agente investigador sostuvo que los uniformados habrían rociado el gas incluso cuando había dos niños presentes. Las víctimas recibieron atención médica tras las agresiones. Los exámenes médico-legales determinaron varias lesiones. Uno de los afectados presentó una incapacidad física para el trabajo de entre 30 y 90 días.
La historia clínica del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) detalla que la víctima sufrió trauma facial y fracturas en una falange y un metacarpiano. Otras personas heridas acudieron en taxi a diferentes casas de salud para recibir tratamiento por los traumatismos. La Fiscalía procesa como autores directos a los sargentos segundos Carlos Marcelo G. A., Sergio David I. P. y Mario Iván R. V., además de los cabos segundos Anderson Alexis B. S. y Ricardo Alonso C. A. El subteniente Jairo Israel F. M. enfrenta cargos como autor omisivo.
La Fiscalía le atribuye responsabilidad por su posición de garante, ya que dirigía el operativo y debía asegurar un procedimiento policial adecuado. Durante la audiencia de formulación de cargos, realizada el 12 de mayo de 2026, el fiscal sostuvo que los agentes habrían utilizado fuerza excesiva e ilegítima. Según expuso, los policías no observaron los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, precaución y humanidad establecidos en la Ley Orgánica que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza. La Fiscalía también señaló que no existió una amenaza, resistencia o agresión inminente que justificara la actuación policial descrita en el expediente. Como medidas cautelares, la jueza dispuso la prohibición de salida del país y presentaciones periódicas para los seis procesados.
Además, otorgó a las víctimas una boleta de auxilio con base en el artículo 558, numeral 4, del Código Orgánico Integral Penal (COIP). La instrucción fiscal se extenderá por 90 días. El delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio está tipificado en el artículo 293 del COIP.
