EL SILENCIO QUE ACUSA
El dinero incautado en operativos, que ya suma algunos millones, no puede quedar librado al azar ni a explicaciones imprecisas. La ciudadanía tiene derecho a que la Fiscalía le informe con claridad a qué corresponden esos recursos y cuál es la cadena de custodia que se está aplicando para evitar pérdidas, desvíos o irregularidades futuras. Sin transparencia, cualquier logro pierde legitimidad. No basta con que la Fiscalía y el Gobierno, por separados, anuncien montos o presenten resultados de forma fragmentada. Es indispensable detallar qué parte de lo incautado está en efectivo, cuánto permanece en cuentas bancarias y qué proporción corresponde a bienes muebles e inmuebles. La opacidad, en este contexto, solo alimenta dudas y debilita la confianza pública. Más aún, esos montos resultan insignificantes frente a otras cifras millonarias que ministros de Estado reseñan, asegurando que se han asestado duros golpes a las economías criminales. El Gobierno debe explicar con precisión cómo se llegó a esa cifra y bajo qué criterios se la sostiene. Los ecuatorianos merecen información verificable que permita evaluar si medidas como los toques de queda han valido la pena. Cuando las respuestas no llegan, el silencio deja de ser prudente y se vuelve, inevitablemente, sospechoso.
