El gobierno ecuatoriano emitió el reglamento de la Ley de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Otros Delitos, un documento de 85 artículos y siete disposiciones generales que busca reforzar el control para detectar movimientos financieros ilegales en el país.
Una de las principales novedades es la creación del Consejo Nacional de Coordinación de Lavado de Activos (CONCLAFT), que será liderado por un delegado del presidente de la República. Este organismo será el responsable de coordinar las acciones para prevenir, detectar y combatir el lavado de activos.
El reglamento establece varias herramientas de control financiero. Entre ellas, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) podrá inmovilizar fondos de transacciones sospechosas hasta por 72 horas, una medida cautelar de carácter excepcional y de cumplimiento inmediato que se aplicará al sistema financiero nacional hasta que se activen los mecanismos judiciales correspondientes.
Además, se prohíbe el uso de dinero en efectivo en transacciones iguales o superiores a $10.000, y se establecen controles estrictos sobre los movimientos financieros de personas políticamente expuestas. El analista económico Jorge Calderón explica que esta restricción responde a la creciente evidencia de transacciones de altos montos destinadas a lavar activos, particularmente en la compra de vehículos y propiedades, producto de actividades ilícitas detectadas en diversas organizaciones durante los últimos meses.
«Esto busca regular de forma similar a la que se aplica en los bancos, indicando el origen de los fondos y la licitud de los mismos. Es una medida pertinente”, explicó.
