ES HORA DE DEPURAR Y REACTIVAR CON URGENCIA
La paralización de la Agencia Nacional de Tránsito pone en evidencia una vez más la frágil institucionalidad del país, que termina perjudicando siempre al ciudadano y a la economía formal. La suspensión de actividades de la ANT por investigaciones sobre presuntas irregularidades tiene el objetivo loable de erradicar prácticas corruptas, pero la medida genera costos que no deben ignorarse. Miles de personas no pueden cerrar compraventas ni tampoco matricular vehículos o renovar licencias, lo que conlleva el riesgo de que sean sancionadas debido a la ‘discrecionalidad’ existente, aun cuando haya sido declarada una moratoria. La incertidumbre frena decisiones, afecta ingresos y golpea principalmente a los negocios pequeños. Pero el impacto alcanza también al sector automotor: concesionarios acumulan unidades vendidas sin poder entregarlas y la cadena productiva se traba. Las soluciones improvisadas, como acudir a notarías, son parches ante la falta de un plan claro. Combatir la corrupción es urgente, pero paralizar servicios esenciales revela una falla de gestión. El Gobierno debe garantizar la continuidad operativa sin renunciar al control y aprovechar esta crisis para modernizar trámites y transformar el sistema de gestión del tránsito en un verdadero servicio público.
