JUSTICIA A LA CARTA: EL LUJO QUE UNA SOCIEDAD NO SE PUEDE PERMITIR
El resurgimiento del debate sobre el contrabando de combustible en Ecuador a raíz de las denuncias que involucran al alcalde de Guayaquil, ha puesto sobre la mesa la discusión de un problema estructural que merece una atención integral. Si bien toda investigación orientada a esclarecer acusaciones o desmontar redes de corrupción es fundamental, resulta preocupante que los esfuerzos se concentren exclusivamente en un solo nombre y apellido. Es momento de abandonar la justicia selectiva en el país. Denuncias públicas han revelado que existe toda una red que trasciende personas y territorios específicos, la cual genera perjuicios millonarios al Estado. Es obligación de las autoridades competentes actuar en todos los casos con la misma rigurosidad, sin importar apellidos o colores políticos. Permitir la impunidad es ayudar a perpetuar la corrupción y mermar aún más la confianza ciudadana en las instituciones públicas, las cuales deberían estar trabajando para frenar el contrabando, que hoy constituye una de las principales amenazas a la seguridad nacional. No hacerlo es seguir alimentando a la minería ilegal y dar vía libre a las actividades delictivas de organizaciones criminales que operan principalmente en zonas fronterizas. Subsanar este problema requiere real voluntad política y efectiva coordinación interinstitucional.
