ACUERDO CIFA CON UNIÓN EUROPEA

El 23 de enero, Ecuador suscribió con la Unión Europea el denominado acuerdo CIFA, un instrumento que busca establecer un marco regulatorio para el impulso y fomento de inversiones sostenibles entre el conglomerado europeo y Ecuador. Todo ello se inscribe dentro de la política Global Gateway de la Unión Europea, que tiene como objetivo promover inversiones por aproximadamente 300.000 millones de euros a nivel mundial y, en particular, en la región de América Latina y el Caribe, con la finalidad de que dichas inversiones se destinen a la transformación de la matriz energética y a proyectos sostenibles. Este esquema de inversiones está condicionado al cumplimiento de requisitos como la transparencia, la eficiencia y la existencia de protocolos internos claros para procesar eventuales inversiones, de modo que otorguen seguridad a los inversionistas. Asimismo, se exige que estos procesos sean éticos y que no se promuevan reformas laborales ni ambientales cuyo único objetivo sea atraer inversiones en condiciones que, eventualmente, puedan afectar a los países que las conceden. Todo ello se enmarca, como se ha señalado, en principios de transparencia y ética. Ecuador ha firmado este acuerdo y deberá, de manera paralela, trabajar en el fortalecimiento y mejora de sus protocolos internos, con el fin de estar preparado para una eventual entrada en vigencia del mismo, una vez que cuente con el dictamen correspondiente de la Corte Constitucional y se complete el proceso de ratificación. De esta forma, el acuerdo podría efectivamente beneficiar la atracción de inversiones sostenibles hacia el país. Este acuerdo de inversiones sostenibles con la Unión Europea permite, además, reforzar el Acuerdo Comercial Multipartes suscrito entre Ecuador y la Unión Europea a finales del año 2016, particularmente en lo relativo a su capítulo de inversiones. En ese momento, dicho capítulo no era amplio ni incorporaba de manera expresa criterios de sostenibilidad, situación que ahora se aborda y se fortalece. Consideramos que, de conocerse plenamente el alcance del acuerdo y de ser ratificado por la Corte Constitucional, aprobado por la Asamblea Nacional y suscrito formalmente en el menor tiempo posible, este instrumento puede representar un beneficio significativo para el país.