La descentralización en Ecuador transfirió recursos y competencias a los gobiernos locales, pero no logró mejorar sustancialmente servicios e infraestructura. Tras más de una década, los resultados son pobres: baja ejecución de obras, servicios incompletos y un alto consumo del presupuesto en gasto corriente y burocracia. Frente a esto, el presidente Daniel Noboa envió a la Asamblea un proyecto de ley urgente que propone una regla mínima obligatoria: al menos el 70% de las transferencias estatales a los gobiernos locales debe destinarse a inversión en obra pública y servicios, limitando el gasto corriente a un 30%. Actualmente, en promedio, solo el 39% se destina a inversión. La medida busca corregir un problema estructural. Datos del Ministerio de Economía muestran que, en la última década, la ejecución de inversión local nunca superó el 60%. Solo en 2022, más de $2.600 millones para inversión no se ejecutaron. Un informe de CAF ubica a Ecuador entre los países con la peor calidad del gasto subnacional de la región. El proyecto establece una transición progresiva: 60% de inversión en 2027, 65% en 2028 y 70% desde 2029. Las juntas parroquiales rurales tendrían plazos más largos. Si los gobiernos locales no cumplen la regla, solo recibirán el mínimo de transferencias garantizado por la Constitución, perdiendo el excedente. Los municipios rechazan frontalmente la propuesta. Argumentan que el diagnóstico es incompleto y que el Gobierno central El Museo de Manta acogerá una noche especial que fusiona videojuegos, música y creación contemporánea. Este viernes 30 de enero, desde las 17:00, se presentará el aclamado videojuego necuatoriano Despelote, nominado en dos categorías en The Game Awards 2025. Sus creadores, Julián Cordero y Sebastián Valbuena, ofrecerán una charla sobre el proceso creativo detrás de esta obra, que explora la clasificación de Ecuador al Mundial 2002 desde una mirada íntima y cotidiana. mismo retrasa por meses las transferencias, afectando su ejecución. Cuestionan la cifra del 39% y señalan que muchos municipios pequeños carecen de capacidad técnica para cumplir una regla tan rígida. En los últimos dos años, los gobiernos locales recibieron más de $6.400 millones del Estado central.
