Seis meses después de iniciado el debate, el Pleno de la Asamblea discutirá este 20 de enero de 2026 reformas penales para sancionar el mal uso de uniformes de las fuerzas del orden, en medio de ataques recientes perpetrados por sujetos vestidos con prendas policiales.
La discusión, iniciada en julio de 2025 a raíz de una propuesta del exasambleísta Ramiro Vela, busca combatir un problema evidenciado por las más de 1.200 denuncias en 2024 de delitos cometidos por personas con indumentaria policial o militar. La facilidad para adquirir estos uniformes, encontrándose en internet o tiendas físicas desde USD 48, agrava la situación.
Aunque los vendedores alegan que son prendas descontinuadas o no oficiales, su similitud con las originales las hace indistinguibles para el ciudadano común. Este acceso facilita acciones de grupos delictivos, como la masacre del 7 de enero de 2026 en isla Mocolí (Guayas), donde atacantes vestidos como policías y militares asesinaron a tres personas, incluido un cabecilla de una banda.
La propuesta original contemplaba un marco competencia aérea e integración entre aeropuertos y destinos. Mantener el turismo europeo y estadounidense de alto gasto, mientras se expande agresivamente el turismo intrarregional (viajes cortos, escapadas). Esto aumenta el volumen sin bajar precios y reduce la vulnerabilidad. DIVERSIFICAR LA OFERTA: Escalar sin perder valor implica ir más allá de los destinos icónicos, crear más experiencias de alto valor agregado (naturaleza, cultura, turismo comunitario) y ampliar la duración de las estadías. normativo amplio para estandarizar uniformes, numerarlos, dotarlos de códigos QR intransferibles y regular a las empresas fabricantes. Sin embargo, el informe para primer debate se centra ahora únicamente en reforzar las sanciones penales mediante reformas al COIP: Circunstancia Agravante (Art. 47): Se amplía el agravante por uso indebido de uniformes o distintivos para incluir a instituciones públicas y de seguridad privada, siempre que se use para facilitar el delito o asegurar su impunidad Usurpación (Art. 296): La pena por usar públicamente uniformes o insignias estatales sin autorización se incrementa de 15-30 días a 30-90 días, cuando se haga para simular autoridad o inducir a error. Nuevo Delito: Simulación de Autoridad Operativa (Art. 364-A): Se propone sancionar con 1 a 3 años de prisión a quien, usando dichos uniformes sin derecho, realice operativos falsos, controles simulados o retenciones ilegítimas.
