Christian Murillo Delgado PHD
Ph.D. en Gestión Pública y Gobernabilidad
La crisis de la justicia ecuatoriana ha dejado de ser un problema estrictamente jurídico para convertirse en un asunto político de primer orden que incide directamente en la gobernabilidad del país. La inestabilidad en la Corte Nacional de Justicia, las tensiones en el Consejo de la Judicatura y la ausencia de reformas estructurales han debilitado uno de los pilares esenciales del Estado. Cuando la justicia pierde cohesión, independencia y credibilidad, el poder político se vuelve vulnerable y el Estado de Derecho entra en una fase de deterioro progresivo. La confrontación entre las máximas autoridades judiciales no responde a hechos aislados, sino a un modelo institucional incapaz de consolidar autonomía y eficacia. En este contexto, la justicia abandona su rol de árbitro y se transforma en un actor más de la disputa política. El resultado es una profunda erosión de la confianza ciudadana y una percepción creciente de que las reglas del juego pueden ser manipuladas según intereses coyunturales, afectando la estabilidad democrática. Este escenario adquiere mayor relevancia en momentos en que el Ecuador busca fortalecer sus relaciones estratégicas con los Estados Unidos, particularmente en materia de seguridad, comercio y cooperación institucional. Una relación de esta naturaleza exige estándares comunes, entre ellos una justicia independiente, técnica y eficaz. La cooperación judicial y la lucha anticorrupción con Estados Unidos no pueden consolidarse si el sistema judicial ecuatoriano carece de previsibilidad, autonomía y capacidad para procesar casos complejos de alto impacto. En la experiencia estadounidense, la independencia judicial ha sido clave para sostener la gobernabilidad. El caso Watergate es un referente ineludible: en 1974, la Corte Suprema de los Estados Unidos obligó al presidente Richard Nixon a entregar pruebas que lo comprometían, dejando claro que ningún funcionario está por encima de la ley. Este precedente no solo fortaleció la democracia estadounidense, sino que envió un mensaje político contundente sobre el valor de una justicia autónoma como garante del orden institucional. Para el Ecuador, avanzar hacia una cooperación judicial real con Estados Unidos implica algo más que acuerdos formales. Supone contar con fiscales y jueces capaces de investigar redes de corrupción, lavado de activos y crimen organizado transnacional, muchas de las cuales operan a ambos lados de las fronteras. Sin una Función Judicial fortalecida, la cooperación internacional se reduce a declaraciones diplomáticas sin resultados concretos. Si el país aspira a consolidar su posicionamiento internacional y recuperar la confianza interna, debe asumir que la reforma de la justicia es una prioridad política inaplazable. No se trata de cambiar nombres, sino de reconstruir instituciones. Sin una justicia independiente y eficaz, la gobernabilidad seguirá siendo frágil y el Ecuador continuará expuesto a la impunidad, la incertidumbre y, a el desgaste democrático.
