El sector atunero ecuatoriano cerró el 2025 con cifras históricas y se proyecta hacia un 2026 aún más prometedor, impulsado por la expectativa de que la Unión Europea retire la «tarjeta amarilla» impuesta en 2019.
Bruno Leone, presidente de la Cámara Nacional de Pesquería, presentó un análisis en Guayaquil donde destacó que Ecuador creció un 3,8% en 2025, con la pesca como uno de los mayores aportantes al PIB. Las exportaciones pesqueras alcanzaron los $2.450 millones, en un contexto global donde la seguridad alimentaria ha reposicionado al pescado como proteína esencial.
Aunque señaló desafíos estructurales, como un crecimiento económico insuficiente por más de una década y un empleo adecuado que solo cubre a seis de cada diez ecuatorianos, resaltó indicadores positivos: ventas locales crecieron 8,6%, reservas internacionales aumentaron 22% ($9.816 millones) y el riesgo país cayó a 460 puntos. El sector pesquero genera cerca de $4.000 millones (3% del PIB) y emplea a 150.000 personas.
Sus productos llegan a 89 países, con la UE como principal destino (52%). Para 2026, se espera la eliminación de la tarjeta amarilla, tras cumplir con una nueva Ley de Pesca, un régimen sancionatorio estricto y un sistema de trazabilidad con blockchain. Los desafíos incluyen renovar una flota atunera con más de 40 años de antigüedad, la falta de astilleros modernos y el incremento de costos por seguridad marítima frente al narcotráfico y la piratería.
Con una posible resolución de la sobretasa arancelaria con EE.UU., el sector proyecta un crecimiento del 5% al 10% en 2026, apoyado en condiciones climáticas favorables y la solidez macroeconómica del país. “El sector pesquero es soberanía alimentaria, económica y empleo. Si trabajamos juntos, estos retos se convertirán en oportunidades”, concluyó Leone.
