LA CAPTURA DE MADURO Y SU REPERCUSION EN LA REGIÓN SUDAMERICANA Y EN EL ECUADOR

Christian Murillo Delgado PHD

Ph.D. en Gestión Pública y Gobernabilidad

La captura de Nicolás Maduro dispuesta por el Gobierno de los Estados Unidos marca un punto de quiebre en la historia política reciente de Sudamérica y expone con crudeza una verdad incómoda: durante años, la región fue incapaz de enfrentar con decisión un régimen que demolió las bases del Estado democrático venezolano. Más allá de las discusiones jurídicas o diplomáticas, este hecho obliga a reflexionar sobre el costo de la inacción y sobre la responsabilidad compartida de quienes, con silencios o ambigüedades, permitieron que una crisis política se transformara en una tragedia continental de dimensiones históricas. Venezuela dejó de ser un problema interno hace mucho tiempo. La anulación sistemática de elecciones competitivas, la persecución de la oposición, el control absoluto de las instituciones y el uso del aparato estatal como instrumento de dominación convirtieron al país en un foco permanente de inestabilidad regional. Frente a este escenario, los mecanismos multilaterales fracasaron uno tras otro. Las resoluciones sin consecuencias, los diálogos inconducentes y las sanciones parciales demostraron ser insuficientes ante un régimen que no tenía incentivos reales para modificar su conducta ni para ceder espacios de poder. En este punto, la decisión de Estados Unidos debe analizarse desde una lógica de realismo político, ampliamente desarrollada por internacionalistas como Henry Kissinger, quien advirtió que el orden internacional no se sostiene únicamente en normas, sino en la capacidad efectiva de hacerlas respetar. Cuando los sistemas multilaterales pierden fuerza y credibilidad, el desorden termina imponiéndose. La captura de Maduro se inscribe en esa lógica: no como una negación del derecho internacional, sino como una reacción frente a su evidente impotencia. Invocar la soberanía venezolana como argumento absoluto resulta, en este contexto, un ejercicio retórico vacío. La soberanía no puede convertirse en un refugio para la impunidad ni en una coartada para la represión. Un Estado que persigue a su oposición, que desconoce la voluntad popular y que provoca el éxodo de millones de ciudadanos, erosiona desde dentro la legitimidad que pretende defender hacia afuera. La acción estadounidense no se dirige contra Venezuela como nación, sino contra un liderazgo que desmanteló deliberadamente su estructura democrática. Sudamérica queda así confrontada con su propia falta de liderazgo. Durante años, muchos gobiernos optaron por la neutralidad cómoda antes que por la defensa activa de los principios democráticos. Otros, atrapados en afinidades ideológicas, relativizaron abusos evidentes. La captura de Maduro deja al descubierto esa pasividad regional. Como sostenía Kissinger, los vacíos de poder rara vez permanecen vacíos: tarde o temprano son ocupados por quienes están dispuestos a actuar cuando otros solo observan. Para Ecuador, las consecuencias son concretas y tangibles. El colapso venezolano tuvo un impacto directo en el tejido social ecuatoriano: presión sobre los servicios públicos, tensiones en el mercado laboral y desafíos de seguridad que el país debió enfrentar y que sigue enfrentando con recursos limitados y escaso respaldo internacional. La migración masiva no fue una abstracción diplomática, sino una realidad cotidiana que marcó comunidades enteras. Desde esta perspectiva, la caída del principal responsable político de ese colapso representa una oportunidad, aún frágil, para avanzar hacia una solución regional más sostenible. Respaldar la acción de Estados Unidos no implica renunciar a los principios del derecho internacional, sino reconocer que estos fueron vulnerados de manera sistemática sin consecuencias reales. Implica asumir que la defensa de la democracia requiere algo más que declaraciones formales. El desafío que se abre ahora es mayor: acompañar una transición creíble, exigir elecciones libres y contribuir a la reconstrucción institucional de Venezuela. El orden regional no se preserva con discursos, sino con decisiones que enfrenten la realidad, incluso cuando estas resultan incómodas.

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