UN SECRETISMO QUE DEBE ACABAR
La inteligencia en materia de seguridad debería regirse por principios de discreción, no por la necesidad de llamar la atención en redes. En los últimos días hemos sido testigos de cómo desde el Ministerio del Interior se ha intentado volver mediático un operativo sobre la captura y repatriación de un presunto delincuente, un caso que, por su naturaleza, debería manejarse con confidencialidad. Es un comportamiento que resulta paradójico cuando se analiza el secretismo que ha caracterizado al Gobierno en otros asuntos que son de legítimo interés público. El año 2025 concluyó dejando varias interrogantes sobre denuncias de corrupción vinculadas a contratos millonarios que han perjudicado gravemente al Estado. Mientras se exhibe con bombos y platillos operaciones policiales, el Gobierno decide no reaccionar públicamente ante investigaciones de corrupción, procesos de contratación irregular que afectan fondos públicos. Urge que en este nuevo año el Gobierno corrija su método de comunicación con la ciudadanía. La difusión y transparencia no pueden ser selectivas ni estar supeditada a la conveniencia política o pérdida de popularidad. Lo que debe ser confidencial por razones de seguridad nacional debe permanecer en reserva; lo que corresponde al interés público debe aclararse sin evasivas.
