La desarticulación de una presunta red delictiva dentro de las filas de la Policía Nacional – dedicada al robo agravado-, reveló una trama con tentáculos en diversas regiones, que trascendió a las propias filas policiales. El caso por falsos allanamientos en Manabí incluye también a funcionarios públicos.
Entre los trece procesados por el robo de USD 100.000, bajo la modalidad de falsos allanamientos en Manta, figuran no solo siete policías en servicio activo -incluidos dos capitanes-, sino también servidores públicos vinculados al Ministerio de Desarrollo Humano y al Municipio de Guayaquil.
El modus operandi de la organización, que incluía también a cinco civiles y a un exservidor policial, consistía en simular operativos antinarcóticos, según los elementos de convicción recabados durante nueve meses de investigación por la Fiscalía de Manta y por Asuntos Internos de la Policía Nacional. El hecho central de la acusación ocurrió el 22 de febrero de 2025, cuando un grupo de personas armadas, portando uniformes y utilizando logística institucional policial, ingresó a una vivienda en Manta para sustraer USD 100.000 en efectivo, joyas y otros bienes, bajo la fachada de un allanamiento legal.
Tras la detención de los uniformados implicados en el operativo Embestida 51, el pasado 14 de noviembre de 2025, el coronel Wladimir Acurio, comandante de la subzona Manabí, informó que no se trataría de un hecho aislado. Los policías están acusados, en base a las pruebas recabadas, de utilizar información sensible, emitir órdenes de allanamiento, simular operativos e ingresar a domicilios para apropiarse de armas, municiones, drogas y dinero -dijo-, incluso extorsionando a objetivos en Manabí y provincias cercanas.
Uno de los hallazgos más llamativos en el proceso es la participación de Viviana Geomara C. C., procesada en calidad de autora directa. Los documentos adjuntados a su defensa confirman que se desempeña como Técnico de Juventudes y Educadora Familiar del Ministerio de Desarrollo Humano. La mujer cuenta con un nombramiento provisional y ofrece charlas de protección de prevención de acoso y abuso en unidades educativas de Jaramijó, Manta y Montecristi, actividades que cuentan con el respaldo de dependencias como la unidad de niños y adolescentes (Dinapen) de la Policía.
