Pocas veces los agentes de seguridad penitenciaria se deciden hablar. Lo hicieron este viernes 20 de noviembre para decir que se sienten denigrados, desalentados y defraudados por el Gobierno, al conocer los anuncios hechos por el ministro John Reimberg de que la Asamblea aprobará una ley que permita contratar personal militar y policial pasivo para integrar un nuevo cuerpo de seguridad en las cárceles. «Nosotros nos oponemos rotundamente a esta decisión», aseveró Wilman Alarcón, presidente de la asociación de agentes penitenciarios.
Los 2.700 guías que aún custodian centros de privación de libertad, contestan que, con los sueldos que pretenden fijar a los nuevos custodios carcelarios, alcanzaría para repotenciar el Cuerpo de Vigilancia Penitenciaria con 15 mil agentes. Dicen que están dispuestos a depurar sus filas, dicen para que la sociedad no los denigre por temas puntuales de corrupción en las cárceles, sino que reconozcan su rol que es de alto riesgo, penoso e insalubre.
Hoy mismo están cerca la epidemia de tuberculosis, enfermedad cada vez más agresiva en los centros penitenciarios. En los 11 meses del 2025, 17 agentes penitenciarios han sido asesinados. Ese número es mayor al del año anterior que registró 14. Han informado que el SNAI ya les ha dado todo uniformes y chalecos, pero plantean que nuevamente sean armados porque en las cárceles, desde el 2017, como política, no se ubica a los presos por delito o connotación social, sino por el grupo delictivo organizado al que pertenecen, lo que vuelve incontrolables a las cárceles donde dos agentes penitenciarios cuidan hasta 700 reos.
