SE VOLVIERON LOCOS

Después de 25 días de un paro violento e inhumano que se concentró en la provincia de Imbabura, con sucesos de ferocidad que han merecido la repulsión ciudadana, el miércoles 15 de octubre, el ministro de Gobierno John Reimberg, anunciaba que el paro había terminado, apareciendo con dirigentes comunales de Otavalo, con quienes se había reunido. Los que auspiciaban este tercer episodio de proporciones destructivas de los sucesos de octubre 2019 y junio 2022, no lo lograron. La parálisis indefinida que anuncio Marlon Vargas, fracasó. No así la violencia vandálica, promovida por células insurgentes afines al correísmo. En el acuerdo no estaban presentes los lideres de la violencia Vargas e Iza. Dejando ver fisuras en la CONAIE, organización social que ha mutado en agrupación fundamentalista y violenta. Algunos comuneros obstinados de Otavalo cuestionan a sus dirigentes, insistiendo en continuar con los bloqueos. La alcaldesa del correísmo, desde una tarima exclama: «la lucha continúa». Fácil percatarse el aliento para perturbar, avivando el caos y secuestrando a una provincia. El jueves 16 de octubre, en discurso de tarima en Otavalo, arengando por la continuación de la medida de hecho, la dirigente indígena Pacha Terán, en inflamado discurso dijo: «Aquí tenemos presidentes y de presidente a presidente hemos de hablar compañeros y compañeras. Nuestros presidentes tienen la misma autoridad que cualquier otro presidente de la República». Rústico despropósito. Un fragmento de la minoría intenta someter por la vía de la imposición a la autoridad legítima del Estado. La desmesura no tiene límite. En el 2019, Jaime Vargas, jefe de la CONAIE, sin sonrojarse, convencido y ante periodistas, preguntó: «¿Y el segundo presidente del Ecuador quién es? (y se respondió) Es Jaime Vargas, presidente de los Pueblos y Nacionalidades del Ecuador». Somos testigos de un fuerte proceso de estupidización. Mientras algunos dramatizan y romantizan la violencia, una minoría busca la caotización y el fracaso del Estado democrático, embargan la razón y la libertad, conectados con la economía criminal y su tétrica capacidad destructiva.Ya Einstein habló de la infinitud de la estupidez, tan amplia y extensa como el universo. Y como dijo Montaigne: «Nadie está libre de decir estupideces, lo malo es decirlo con énfasis». Algunos dirigentes indígenas se han vuelto locos. Intentan por la fuerza y por encima de la ley imponerse y lograr lo que quieren. Sin ahorrarse actos de brutalidad y barbarie. Desconocen que la democracia se basa en el principio de la representación, donde cobra sentido la legalidad y la legitimidad. Ellos no aceptan el imperio de la ley ni el legítimo uso de la fuerza coercitiva del Estado. Desprecian los principios de igualdad y legalidad. Preocupa su insulto a la institucionalidad. Fanáticos para quienes la razón se ha extinguido. La legitimidad no nace del estallido ni de la imposición. ¿Cabe confraternizar con los violentos? No. Menos cuando en nombre de la protesta se delinque y se pisotea los derechos de la mayoría encerrada. Mucho menos cuando se siente la embestida y las garras de la minería ilegal y de las agrupaciones terroristas. Ya es hora que se vuelva a la razón y la sensatez. A nombre de la plurinacionalidad, o lo absurdo del derecho a la «resistencia», no se puede permitir la destrucción de la democracia y el desconocimiento de los principios de legitimidad. La excesiva ideologización lleva a algunos hacia un estado de enajenación, espejismos y quimeras. Los pocos, tienen que someterse a las reglas de la democracia. Y no es virtud de la misma tolerar a los intolerables ni permanecer en la contemplación ante la destrucción. Si una ínfima minoría usa la irracionalidad, el Estado está en la obligación de usar su fuerza legítima.