¡SIN SUBSIDIO, PERO CON MAFIAS!
Eliminar el subsidio al diésel es una decisión que llega tarde, pero llega bien. El país no podía seguir financiando, con dinero público, los ‘motores’ de un negocio que durante años enriqueció a mafias del contrabando, del transporte informal y de la minería ilegal. Sin embargo, el anuncio del Gobierno no puede celebrarse como una victoria completa: el subsidio era apenas una pieza en un entramado mucho más profundo de corrupción y permisividad. Durante años, el diésel barato fue el combustible que movió retroexcavadoras, dragas y camiones al servicio de las redes de minería ilegal. Hoy esas mafias siguen intactas, mientras el Estado prefiere exhibir la quema de maquinaria pesada como si fuera un trofeo. Se incineran pruebas, pero no se persiguen responsabilidades. ¿Quién importa esas máquinas? ¿Quién las vende? ¿Quién las financia? Son preguntas básicas que ningún ministro, general ni fiscal ha querido responder. Rastrear la cadena de comercialización —desde la casa matriz hasta el comprador final— sería un paso elemental para desmantelar las estructuras que sostienen la minería criminal. Si el Gobierno quiere demostrar que su lucha es auténtica, debe dejar de actuar para la foto y empezar a investigar con rigor. Porque sin trazabilidad, sin transparencia y sin voluntad política, la eliminación del subsidio será solo un gesto correcto en un escenario todavía dominado por la impunidad.
