Desde este mes el gobierno eliminó la tasa de recolección de basura que cobraba mediante las planillas de luz y esa decisión afecta a 41 municipios.
Entre los afectados está el cabildo de Quito, que cada mes recibía un promedio de USD 6 millones, dinero que cubre los costos operativos de las empresas municipales, Emaseo, encargada de la recolección de desechos, y EMGIRS, responsable del tratamiento y la disposición final de la basura.
Esa medida la tomó el Ministerio de Ambiente y Energía en cumplimiento de la ley orgánica del servicio público de energía eléctrica, que prohíbe vincular el cobro de tasas ajenas al consumo de energía. Por eso, desde el lunes la Comisión de Presupuesto del Municipio de Quito, liderada por el concejal Fidel Chamba, se reunirá para buscar un nuevo modelo de recaudación y poder sostener el servicio de recolección de basura.
“Vamos a tener que terminar de debatir varias cosas, primero cuál va a ser la entidad municipal que va a cobrar esa tasa, cuál va a ser la fórmula de cálculo, es muy abrupta la decisión de habernos dejado a nosotros en este limbo”.
Mientras, ese mismo problema resuelven los otros 40 gobiernos autónomos descentralizados, la Asociación de Municipalidades del Ecuador busca que las empresas eléctricas mantengan vigentes los convenios de recaudación de esa tasa y “solicita la ampliación del plazo hasta el 31 de diciembre de 2025 con la intención de la implementación técnica, jurídica y administrativa de los nuevos convenios de recaudación, evitando interrupciones en la prestación de servicios”.
Los cambios que hagan los municipios implican crear o modificar ordenanzas que establezcan los nuevos mecanismos de cobro para sostener el servicio de recolección de basura.
