LIBERTAD DE EXPRESIÓN, OTRA VÍCTIMA

Recrudecen las agresiones a la libertad de expresión tanto desde el movimiento indígena como de los actores estatales. El fin es dominar el relato, o evitar que se informe de las estrategias para viralizar o contener las manifestaciones. Algunas agresiones llegan desde supuestos medios comunitarios, que bien podrían ser órganos de propaganda de los líderes radicales. Su línea de comunicación los deja en evidencia, pues esperan órdenes de las autoridades para difundir información de manera coordinada. A la vez, atacan a periodistas y medios de comunicación. El movimiento indígena tiene críticos en sus propias filas. Tres influencers indígenas que cuestionan a la Conaie recibieron amenazas de que serán sometidos a procesos de “justicia indígena” si continúan hablando en contra de las violentas protestas. El Movimiento Indígena y Campesino de Tungurahua calificó sus comentarios como “calumnia, odio, engaño, especulación y desprestigio”. Jefferson Caiza, Telmo Punina y Jorge Caiza Toalombo contaron su verdad y hoy temen por sus familias. Del otro lado de la trinchera, también hay abusos. Fundamedios ha registrado 34 agresiones contra periodistas durante los 16 días de paro, 22 de ellas perpetradas por actores estatales. Por parte de la fuerza pública, los periodistas han recibido gas lacrimógeno, patadas, empujones desde motocicletas, gas pimienta e insultos; de los manifestantes, piedras, palos y bengalas. Un ciudadano español fue expulsado de territorio ecuatoriano. Aunque no existe una definición rígida y taxativa del “periodista”, la doctrina internacional suele incluir principios como “independencia” y “ética”, sin mención a normas migratorias. Ante la sensible situación que atraviesa el país, es vital precautelar el libre flujo de información y el derecho fundamental a la expresión, y el periodismo dota de un velo profesional, ético y crítico a la información que hoy abunda y abruma. Es obligación del Estado, pero también de quienes dicen proteger los derechos de ciertas minorías, garantizar la más esencial de las libertades y evitar discursos estigmatizantes que solo provocan más violencia.