YA ES SUFICIENTE

En las democracias plurales los ciudadanos tienen derecho para asociarse, movilizarse o expresar su desacuerdo con decisiones que tomen las autoridades del Estado. En los sistemas totalitarios no está permitido y se fijan severas penas de privación de libertad, por el sólo hecho de salir con un cartel a la vía pública. Las democracias garantizan el pluralismo y la tolerancia. En los totalitarismos, la población es controlada, vigilada y silenciada. La democracia exige que los gobernantes sean aquellos que logran la mayoría del apoyo a través del sufragio. El principio mayoritario implica que el elegido tiene legitimidad para decidir y gobernar, asumiendo el costo político de lo decidido. En nuestro caso, el candidato del movimiento indígena (Iza) a duras penas alcanzó el 5% de los votos. Significa que su propuesta fue desechada por el 95% de los electores. ¿Es legítimo que una minoría pretenda imponer, a la fuerza, un esquema de gobierno? Esa minoría, prevalida porque la Constitución de Montecristi en el Art. 1 define al Estado de plurinacional, en el 96 otorga a toda forma de organización, «soberanía popular», y puede desarrollar procesos de «autodeterminación». Y lo insólito y asombroso, el Art. 98 garantiza el «derecho a la resistencia», institución medieval que ninguna constitución del mundo occidental lo establece. En los casos de la Constitución de Portugal (art. 20.2) y la Ley Fundamental de Bonn (art. 20.4) su sentido es diferente: proteger y preservar la democracia. Acá, lo es para devastar y devorar la república. Los caciques indígenas, altaneros, soberbios y envalentonados por los preceptos disparatados y absurdos, están convencidos que representan a otras «naciones», con territorios soberanos, donde declaran estados de emergencia, prohíben el acceso de la fuerza pública, retienen a policías y hasta proponen crear «ejércitos propios». Y como provienen de otras «nacionalidades», actúan pisoteando las reglas de la convivencia de la nación ecuatoriana. Ahí está parte de la raíz que explica lo sucedido en el 2019, el 2022 y en estos días. Convocar un «paro nacional e indefinido», para perturbar el orden social y despreciar los principios de igualdad ante la ley o el principio de legalidad. Congregarse armados y encubiertos. Impedir la libre movilidad, obstruir las vías públicas, forzar a sus propias comunidades para que salgan, caso contrario les imponen multas o les niegan el agua para regadío, ingresar a plantaciones de brócoli o empresas de floricultura para obligar a los trabajadores se sumen a las revueltas, exigir el cierre de locales comerciales, destruir la propiedad privada, malograr los bienes públicos, incendiar instalaciones policiales y vehículos, impedir el transporte de víveres y combustibles, lanzar cohetes caseros para derribar un helicóptero, agredir a la fuerza pública o secuestrarlos, y otros desmanes como cortar la provisión de agua potable. Y esta barbarie: ¿merece aplauso? Y cuando el Estado y su fuerza coercitiva legítima actúa, ponen el grito en el cielo. Cometen actos tipificados como delitos, pero chillan porque dizque se «criminaliza» la protesta social. ¿Acaso la sociedad democrática no tiene un ordenamiento normativo que obliga a todos? Montesquieu, en su célebre libro Del Espíritu de las leyes dijo: «La libertad es el derecho de hacer lo que las leyes permiten, de modo que, si un ciudadano pudiera hacer lo que las leyes prohíben, ya no habría libertad, pues los demás tendrían igualmente esa facultad.» El terror termina aboliendo la libertad. En una comunidad organizada donde impera la legalidad y legitimidad, no se puede hacer lo que se quiere, sino lo que se debe. No hacer lo prohibido. Si lo permitido. Una minoría, manipulada por unos fanáticos y extremistas, no puede ni debe envolver a una nación en tensiones y violencia. Y quienes persuaden por la racionalidad, son calificados como «enemigos» e «idiotas».