Christian Murillo Delgado PHD
Ph.D. en Gestión Pública y Gobernabilidad
En los últimos días, uno de los temas principales de análisis es la posibilidad de que los ecuatorianos seamos consultados sobre la convocatoria a una Asamblea Constituyente; ante lo cual mucho se está comentando sobre las garantías o falta de las mismas, que se encuentran en la Constitución vigente, sobre todo por el tema de seguridad y fallos judiciales por la prisión preventiva como última ratio; sin embargo poco o nada se discute sobre el aparataje administrativo que ha sido montado desde la Constitución de Montecristi, la que ampara un sistema de gobierno que mantiene a una estructura organizacional de dicho régimen, conservando un sistema burocrático que ha debilitado tanto la institucionalidad como la gobernanza, ocasionada por un estado lento e ineficiente. Ante la realidad que vivimos los ecuatorianos es necesario reflexionar sobre la posibilidad de encaminarnos a una nueva Constitución que nos permita, reinventar el sistema de gobierno afín de superar el paradigma de nuestro sistema weberiano que se caracteriza por ser burocrático y centralista; ante esto, sería importante tener en cuenta el poder contar con un modelo estatal bajo los criterios de la Nueva Gestión Pública, la cual conlleva un modelo gerencial, siendo este, un modelo exitoso promovido por el profesor de Gestión Pública de Yale, el doctor Michael Barzelay, quien ha desarrollado este tipo de gestión en organismos de alto nivel como el Departamento de Defensa de los EEUU, el Instituto de Investigación de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, entre otros de gran valía. Los buenos resultados de la gestión pública deben direccionar hacia una transformación social y cultural afín de promover nuevos principios que generen valor público y calidad en la administración pública, siendo uno de los mejores criterios para evaluarlo: la satisfacción ciudadana; pero para esto es imprescindible modificar los criterios actuales de gestión y encaminarnos hacia un estado realmente moderno que permita que todos sus bienes y servicios cumplan condiciones mínimas para que sean competitivos, incluso en mercados a nivel internacional, generando un estado -modelo que no solo genere gobernanza y gobernabilidad para todos los actores sociales sino que también genere rentabilidad para las arcas estatales. Entre los cambios que podríamos tener podría ser el contar con un estado, cuyo centro de acción sea el desarrollo del mercado focalizado en un ciudadano – cliente, así como el de desarrollar competencias en la provisión de bienes y servicios lo cual implicaría introducir el criterio empresarial en la cultura de la administración pública permitiendo un estado que no solo se guíe únicamente por criterios que prioricen la eficiencia en los medios del ahorro, sino también por criterios de eficacia en la calidad de los servicios, enfocándose de preferencia en los fines y resultados para los ciudadanos – clientes, por cuanto éste, a diferencia del ciudadano – usuario o ciudadano – beneficiario, puede tener la capacidad para influir y determinar la oferta y la demanda de los bienes y servicios generados por el sector público, en este caso. El que podamos contar con un estado de calidad conlleva a la reducción de trámites en los procedimientos, reemplazar las regulaciones por incentivos para aperturas de inversiones; siendo uno de los puntos destacados, que el presupuesto del estado debe basarse por los resultados para inyectar competitividad ya que la administración debe comprenderse en términos de producción y eso no debe excluir a la Administración Pública. El aparataje del estado vigente, estructurado desde Montecristi promueve criterios de eficiencia que han disminuido los niveles de satisfacción ciudadana ya que prevalecen los resultados cuantitativos, enfocándose en temas de salud como, por ejemplo, en el costo del suministro de medicinas o insumos para atender a los ciudadanos que acceden los servicios de salud en vez de enfocarse en la eficacia y calidad de los mismos para mejorar la atención al ciudadano; otro punto, no menos importante es cuando se prioriza, en el sector de la educación el número de colegios construidos, lo cual es un buen indicador operacional, pero no se pone como prioridad la calidad de la educación que conlleve a pruebas de estándares internacionales; solo en dos ejemplos podemos observar lo que contemplaría un cambio en el sistema actual, generando en los dos ejemplos: ciudadanos con mejor atención médica, competitiva con el mercado de salud privado; así como jóvenes con mejores niveles de educación, por lo tanto con mejores posibilidades para su futuro. El llamado a la consulta popular y la posibilidad de dirigirnos hacia una Asamblea Constituyente nos obliga a reflexionar a un cambio de modelo estatal que nos permita tener un estado abierto al mundo, con acuerdos bilaterales efectivos, cooperación internacional, tanto en la seguridad como en otras áreas; pero por sobre todo el poder constituir un estado que nos brinde calidad y satisfacción en todos sus servicios, los ecuatorianos lo merecemos, diecisiete años viviendo un modelo que no genera bienestar es mucho tiempo, es hora de ir a un cambio !
