JUNTA DE POLÍTICA Y REGULACIÓN FINANCIERA Y MONETARIA

ARTICULO Dr. Juan Carlos Cassinelli Cali

Dr. Juan Carlos Cassinelli Cali

Ex Ministro de Comercio Exterior, Doctor en Jurisprudencia, Director de Global Trade Consulting. Presidente del Comité de Comercio de Inversiones amcham GYE
Twitter: @JCCassinelli juancarlos@cassinelliabogados.com

La importancia de las regulaciones relacionadas con la Ley para Desarrollo Servicios Financieros Tecnológicos, conocida como Ley Fintech, y su reglamento, radica en el rol que cumplen para consolidar un marco normativo moderno y competitivo. Desde su aprobación en la Asamblea Nacional, esta ley subordinó su aplicación a dos entidades: la Junta de Regulación Financiera, responsable de la supervisión, control y normativa aplicable en el sistema financiero; y la Junta de Regulación Monetaria, encargada entre otras cosas de sistema de pagos; establecía directrices sobre medios de pago, compensación y liquidación de transacciones. No obstante, desde el 16 de septiembre de este año, ambas juntas fueron eliminadas por el Ministerio de la Ley y reemplazadas por un solo organismo: la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria, cuyos cinco delegados fueron posesionados por la Asamblea Nacional en esa misma fecha. La expectativa es que esta unificación permita mayor eficiencia y agilidad en la emisión de regulaciones. La experiencia reciente demuestra que la anterior Junta de Regulación Financiera trabajó con dinamismo en normativas claves vinculadas a finanzas, tecnología, asesoría financiera, compañías de administración de portafolios y la implementación de sandbox regulatorios, entre otros temas. Sin embargo, la coexistencia con la Junta Monetaria generaba inevitablemente procesos que podían confundirse o duplicarse. La unificación apunta a superar este obstáculo. El nuevo esquema, con delegados con distintos períodos de gestión para garantizar continuidad, genera optimismo respecto a que el país pueda mantener y ampliar el ritmo regulatorio en materia Fintech. El Ecuador requiere un marco jurídico moderno y alineado con estándares internacionales, no solo para promover la innovación, sino también para reforzar la lucha contra desafíos como el lavado de activos, el financiamiento ilícito, con herramientas que permitan cada vez más la inclusión financiera, donde los mecanismos tecnológicos son aliados indispensables. La consolidación de la Junta es, por tanto, una oportunidad decisiva. De su capacidad para generar normas claras, ágiles y con visión de futuro dependerá que Ecuador logre posicionarse como un actor competitivo en el ecosistema de finanzas digitales. En un contexto global en el que la confianza, la transparencia y la innovación marcan la pauta, el país no puede quedarse atrás.

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