El Decreto Ejecutivo 116, emitido por el presidente Daniel Noboa, ya genera reacciones divididas entre productores y exportadores de banano. La reforma al reglamento de la Ley para el control de precios del banano, plátano y otras musáceas destinadas a la exportación faculta al mandatario a ordenar, “en cualquier momento del año y de forma excepcional”, que se fije los precios mínimos de sustentación y los referenciales de exportación. Según el gremio productor, la medida abre un clima de incertidumbre. Franklin Torres, presidente de la Federación Nacional de Bananeros, señaló que la posibilidad de modificar los valores en cualquier momento impacta en la planificación de un sector que este año ha movido más de USD 2.500 millones.
EXPORTADORES: “NO CAMBIAN LAS REGLAS DE FONDO” Desde el lado exportador, la lectura es distinta. Para Richard Salazar, director ejecutivo de la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano (ACORBANEC), la novedad es que ahora el presidente puede ordenar que se revise el precio en situaciones excepcionales, pero enfatizó que el decreto no elimina la institucionalidad de la mesa de negociación.
MESAS DE NEGOCIACIÓN PARA FIJAR EL PRECIO DEL BANANO El precio mínimo de sustentación del banano se define cada año, entre octubre y diciembre, para aplicarse en el siguiente periodo. Se establece mediante un acuerdo ministerial, tras una convocatoria donde participan cinco representantes de los productores y cinco de los exportadores. Usualmente se fija por consenso, pero si no lo hay, la ley faculta al Ministerio de Agricultura a determinarlo. Para este 2025, se estableció que el precio mínimo de sustentación sea de USD 7,25 tras un acuerdo entre productores y exportadores.
El valor se aplica a la caja de 18,1 kilos y fue oficializado por el Ministerio de Agricultura. El debate adquiere una dimensión adicional porque Noboa proviene de una familia bananera. Su empresa, Noboa Trading, figura entre las principales exportadoras del país y en 2024 registró ingresos por más de USD 220 millones, según la Superintendencia de Compañías.
