Un caso que ha generado indignación pública tuvo lugar el pasado 29 de julio en Quito, cuando fue hallado el cuerpo sin vida de Daniel Eduardo G.L., presuntamente asesinado. Tras las investigaciones iniciales realizadas por personal de la DINASED, dos personas fueron aprehendidas en flagrancia como sospechosos del crimen: un ciudadano ecuatoriano y un venezolano.
Durante la audiencia de calificación de flagrancia, la fiscal a cargo del caso, Diana Magaly Moya Alulema, solicitó medidas alternativas a la prisión preventiva, a pesar de que —según denuncian— existían elementos suficientes que vinculaban a los detenidos con el hecho, incluyendo el vehículo tipo taxi en el que se habría transportado a la víctima, además de videos que sustentaban la acusación.
Uno de los liberados es el ciudadano venezolano Yonathan José B.C., quien, de acuerdo con la información difundida por el abogado John Reimberg, mantiene procesos penales pendientes en su país de origen. Pese a los antecedentes y pruebas en su contra, fue puesto en libertad tras la audiencia.
El caso ha sido calificado como de “interés nacional” por la gravedad de los hechos y por la actuación de los operadores de justicia. Reimberg cuestionó públicamente: “¿Hasta cuándo seguiremos tolerando este tipo de cosas por parte de los operadores de justicia?”
