La mañana de este 1 de agosto se ejecutó un operativo conjunto en Riobamba, Chimborazo, como parte de una investigación por presunta corrupción judicial. Los allanamientos se realizaron en seis inmuebles, entre ellos el domicilio y el despacho de Laura G., jueza de la Sala Civil de la Corte Provincial.
El caso es investigado por el presunto delito de asociación ilícita, con fines de tráfico de influencias y usurpación de funciones.
En las intervenciones se levantaron documentos, dispositivos electrónicos y otros indicios relevantes para la causa.
Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, confirmó en redes sociales que lideró el segundo operativo como parte del proceso de depuración judicial que impulsa la institución.
Además, señaló que las investigaciones preliminares apuntan a que la jueza Laura G. habría entregado borradores de sentencias a abogados particulares para que estos los comercialicen.
“Hemos presentado la denuncia penal correspondiente al tratarse de hechos que podrían constituir los delitos de concusión y simulación de funciones. En el ámbito disciplinario, también se iniciarán las acciones pertinentes”, indicó el funcionario.
El titular de la Judicatura enfatizó que no se trata de casos aislados, sino de un sistema que, dijo, están transformando con base en evidencias concretas.
Este operativo se realizó en coordinación con el Ministerio del Interior, la Fiscalía y la Policía Nacional. Hasta el momento no se han reportado detenciones, pero la Fiscalía señaló que la investigación se encuentra en fase preliminar.
