Hugo Alcívar llegó la mañana del lunes a la Agencia de Tránsito de Manta para consultar si podía realizar la revisión y matriculación de su vehículo. Señaló que le preguntó sobre aquello a un policía que estaba en el patio, quien le informó que la Agencia estaba intervenida y que algunos trámites aún no se habían retomado.
Hugo expresó su preocupación, pues le corresponde matricular este mes de julio y, desde que se intervino la agencia hace más de quince días, no han podido atender su trámite. “Habrá que buscar otros cantones vecinos para matricular, ya que aquí no se puede. Sería bueno que comunicaran cuándo retomarán la atención a los ciudadanos”, manifestó.
Esta situación refleja el estado de la Empresa Pública Municipal de Movilidad de Manta, que está bajo investigación por irregularidades y vínculos con el crimen organizado.
El pasado 10 de julio, la Policía, con 290 efectivos, asumió el control de la institución por un periodo inicial de dos años. La intervención responde a hallazgos de corrupción y nexos con Los Choneros, liderados por José Adolfo Macías Villamar, alias Fito.
El ministro del Interior, John Reimberg, afirmó este mes en Manta que hay numerosas irregularidades dentro de la Agencia de Tránsito que pronto serán expuestas. Entre los problemas, destacó contratos mal ejecutados, deudas municipales y sueldos impagos a empleados por hasta seis meses.
“Los sueldos de los empleados tenían un retraso de seis meses; creo que se han regularizado tres meses, porque los fondos estaban disponibles, pero, por alguna circunstancia, no se habían pagado a los agentes y funcionarios”, agregó.
La captura de Fito el 25 de junio en Montecristi, Manabí, destapó la crisis en esta institución. Un agente de tránsito, Cristhian M., de 32 años, fue clave para descubrir el nivel de infiltración del grupo delictivo en la institución. Cristhian M., supervisor general en la Agencia desde 2012, era parte del círculo cercano de Fito y propietario de la casa donde se escondía el líder de Los Choneros. Su seguimiento permitió a la Policía localizar un búnker subterráneo donde detuvieron a Macías junto con cuatro cómplices.
El agente enfrenta cargos por su presunta complicidad. Además, las autoridades descubrieron que Yandry Macías Villamar, hermano de Fito, trabajaba en la Agencia desde 2015, con un salario de $1.676 mensuales. En junio de 2025, la Fiscalía lo acusó de lavado de activos en el caso Blanqueo Fito.
Según la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), Yandry posee tres propiedades en Manabí y un vehículo Chevrolet Trailblazer 2024. También tiene el 30 % de las acciones de Iris Limpieza, una “empresa de papel” sin actividad real, presuntamente usada para blanquear dinero.
Asesinatos en la Agencia de Tránsito
La intervención policial no solo busca sanear la administración, sino también esclarecer algunos hechos violentos que han involucrado a personal de la Empresa de Movilidad.
Desde 2022, once agentes de tránsito y dos funcionarios de la Agencia han sido asesinados en Manta. Entre ellos, Geamil Rivera, supervisor y hermano de Samara R., esposa del fallecido líder de Los Choneros, Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, quien fue asesinado en 2020.
Estos crímenes serían parte de una lucha por el control de la Agencia entre Los Choneros y sus rivales, Los Lobos. Además, las instalaciones de la Agencia enfrentaron tres atentados en el último año: un incendio presuntamente provocado el 24 de mayo de 2024 y un ataque armado el 19 de mayo de 2024.
“Más allá de que gran parte de la estructura de Los Choneros ha estado trabajando allí, no solo de forma presencial sino también telemática, y han cobrado sus sueldos sin ir a trabajar, hay muchas irregularidades”, expresó el ministro Reimberg en su visita a Manta.
La Policía ahora revisa contratos y documentos para esclarecer estas irregularidades y los asesinatos supuestamente vinculados a bandas delictivas Reimberg subrayó que la intervención apunta a cortar los ingresos de la “economía criminal”.
La Agencia matriculó 35.000 vehículos, superando su capacidad de 13.000, lo que sugiere trámites fraudulentos. El ministro pidió la intervención de la Contraloría General para auditar gestiones pasadas.
La Dirección Nacional de Control de Tránsito y Seguridad Vial lidera la transición, asumiendo competencias antes manejadas por el Municipio. Los 290 policías desplegados controlan puntos estratégicos de Manta, mientras se auditan contratos y patrimonios de funcionarios.
