Alcaldes, asambleístas, prefectos, jueces, capitanes de la Armada, tenientes coroneles de la Policía Nacional y otros servidores públicos considerados Personas Expuestas Políticamente (PEP) tienen que presentar una nueva declaración patrimonial juramentada hasta el 31 de agosto de 2025. Es la nueva disposición de la Contraloría General del Estado (CGE) basada en una reforma reciente a la Ley para la Presentación y Control de las Declaraciones Patrimoniales Juradas.
¿Qué debe incluir la nueva declaración?
Además de la información patrimonial básica, los funcionarios deberán detallar:Cargos o funciones desempeñadas fuera de la función pública, ya sean remuneradas o no, dentro o fuera del país.Fuentes de ingresos adicionales al cargo público, especificando el tipo, origen y valor del ingreso.La remuneración que recibirán por el cargo público actual.Participación en sociedades, fideicomisos, arreglos jurídicos y propiedades de las que sean beneficiarios finales el declarante, su cónyuge o sus hijos menores de edad, en el país o en el extranjero.Derechos de representación otorgados o adquiridos.
De acuerdo con la ley, esta declaración debe presentarse al inicio y al final del ejercicio del cargo, así como cada dos años.
Adicionalmente, los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Unidad de Vigilancia Aduanera, Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), y las policías metropolitanas y municipales deberán realizar una declaración patrimonial adicional previa a obtener ascensos y al momento de su retiro.
