Dr. Juan Carlos Cassinelli Cali
Ex Ministro de Comercio Exterior, Doctor en Jurisprudencia, Director de Global Trade Consulting. Presidente del Comité de Comercio de Inversiones amcham GYE
Twitter: @JCCassinelli juancarlos@cassinelliabogados.com
El petróleo ecuatoriano representa aproximadamente el 24% de las exportaciones del país. Esto significa que, en promedio, aspiramos a recibir entre 2.300 y 2.400 millones de dólares anuales por concepto de exportaciones petroleras. Actualmente, el precio del crudo ecuatoriano —que pertenece a la categoría Brent— se cotiza en 86 dólares por barril, una cifra favorable dentro de las proyecciones estatales. Sin embargo, desde el mes de julio enfrentamos un serio problema en cuanto a la provisión de petróleo. Para dimensionar la situación, a fines de junio Ecuador producía cerca de 470.000 barriles diarios. Hoy, esa cifra no alcanza los 40.000 barriles por día, como consecuencia de diversos problemas en los sistemas de transporte del crudo, ya sea a través del SOTE o del OCP, los oleoductos que permiten el traslado del petróleo. Esta situación tiene un impacto directo y profundo en la economía nacional, considerando el peso que representa la venta de petróleo en el presupuesto del Estado. Recordemos que con estos ingresos no solo se financia buena parte del presupuesto general, sino que además se adquieren derivados del petróleo y se subsidian ciertos combustibles para el consumo interno. Por tanto, esta drástica reducción —superior al 90% en la capacidad de producción— tendrá consecuencias severas. Se ha anunciado que al menos uno de los oleoductos ya está en proceso de reparación, y que el otro podría estar operativo a finales de julio o durante la primera semana de agosto. Las causas de estos daños se relacionan en gran medida con fenómenos naturales, como la regresión del río Coca, deslaves, intensas lluvias y rupturas que han comprometido la infraestructura. Si no se implementan soluciones sostenibles a largo plazo, esta fuente clave de ingresos podría continuar viéndose afectada. Un efecto inmediato de esta crisis es la debilitada capacidad financiera del Gobierno, al no contar con los ingresos previstos. A esto se suma el problema del asfalto, cuya producción también sufrió una disminución tras la explosión registrada hace unas semanas en la refinería de Esmeraldas. Hoy, el país enfrenta escasez de asfalto, un insumo subsidiado y esencial para obras públicas y privadas. Su eventual importación representaría un costo elevado. Todo esto ocurre en un contexto en el que el país observa con preocupación la posible llegada de un estiaje en los próximos meses. Si a ello se suman los problemas de generación eléctrica y la reducción de la producción petrolera, podríamos estar ante una “tormenta perfecta”. Esperamos que no sea así. Confiamos en que la gestión pública sea oportuna, que la naturaleza sea generosa con el Ecuador, y que los precios internacionales sigan siendo favorables. Lo cierto es que, hoy por hoy, las pérdidas para el Estado son enormes y repercuten de forma directa en todos los ciudadanos.