Dr. Medardo Mora Solórzano
Dr. en Jurisprudencia, Rector fundador de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, ex-Alcalde de Manta, ex-presidente del CONUEP y luego CONESUP
El presidente Daniel Noboa propuso en la campaña electoral convocar una Asamblea Constituyente que elabore una nueva Constitución. Sin duda existen impostergables reformas que deben hacerse a la Constitución vigente, como sugiere la ciudadanía, que en plausible esfuerzo editorial ha elaborado un resumen que recoge unas 200 sugerencias de ciudadanos que con toda libertad expresaron lo que deben priorizar quienes ejercen el poder para atender las aspiraciones de los ecuatorianos, vía reformas constitucionales, legales o tomando decisiones administrativas. En ese resumen se incluyen la visión y criterio de columnistas especializados. El Gobierno nacional, la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial, los gobiernos seccionales, tienen en el texto recopilado suficiente información de anhelos de la ciudadanía para dar respuestas a las reales aspiraciones de interés nacional. En el amplio trabajo periodístico no hay nada que sea ajeno a lo que el país en su heterogénea composición quisiera ver realizado. Corresponde a quienes dirigen los destinos del país, con la sensibilidad que deben tener, analizar las propuestas e incorporarlas a su plan de gestión. En la dinámica de la política compete al Gobierno nacional y a la Asamblea definir la vía a utilizar, y sin descartar una posterior Asamblea Constituyente, cuya reunión demandaría algún tiempo por los procesos que deben cumplirse, efectuar reformas constitucionales parciales que pueden hacerse con la mayoría que tiene el Gobierno en la Asamblea y, como lo sugieren algunos constitucionalistas, aprovechar que existen algunas reformas que fueron planteadas por un distinguido grupo de juristas en el año 2019, que ya cuentan con el dictamen favorable de la Corte Constitucional, agregarle unos tres temas urgentes, como el facilitar la inversión privada en la exploración y comercialización de recursos naturales que requieren cuantiosas inversiones (el Estado no tiene posibilidades de efectuarlas por la aguda crisis fiscal), establecer mecanismos para depurar la Función Judicial y algún otro tema que contribuya a fortalecer la democracia.
