El Pleno de la Asamblea Nacional tiene previsto analizar esta semana, en primer debate, el proyecto de ley urgente enviado por el Ejecutivo que busca recuperar las áreas protegidas del país mediante inversión privada.
La propuesta, denominada Ley de Recuperación de Áreas Protegidas y Promoción del Desarrollo Local, plantea reformar el modelo actual de gestión ambiental, permitiendo nuevas formas de administración y financiamiento en zonas de conservación.
Uno de los principales objetivos es frenar el avance de economías ilegales, como la minería y pesca no autorizadas, así como la presencia de grupos armados en territorios vulnerables. Para ello, se contempla la creación del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), una entidad con autonomía administrativa y capacidad sancionadora, que contará con un cuerpo de guardaparques y podrá coordinar operativos con Policía y Fuerzas Armadas.
La iniciativa también abre la puerta a que empresas nacionales o extranjeras participen en la gestión y desarrollo turístico de estos espacios, mediante concesiones, contratos o alianzas público- comunitarias. Un ejemplo reciente que generó controversia fue el caso Olón, donde la construcción de un proyecto inmobiliario dentro de un área protegida, impulsado por una fundación vinculada a allegados del Gobierno, provocó protestas ciudadanas, denuncias legales y un debate nacional sobre la vulnerabilidad de estos ecosistemas frente a intereses privados.
Aunque el Ejecutivo defiende que esta ley busca garantizar sostenibilidad y desarrollo local, organizaciones ambientales y sectores políticos advierten sobre los riesgos de abrir las puertas a la privatización disfrazada. También critican que el texto incluye reformas ajenas, como la reducción de la ley seca en elecciones o medidas tributarias, lo que podría desviar el debate de fondo sobre la protección real del patrimonio natural del país.
