La Asamblea Nacional tramita el proyecto de Ley de Integridad Pública, que plantea que los menores de edad que cometan delitos graves reciban las mismas penas previstas para los adultos.
Esto ocurre simultáneamente mientras el Gobierno elabora un plan contra reclutamiento de niños por el crimen organizado, declarado como prioridad por el gobierno de Daniel Noboa.
El programa se produce en el contexto del conflicto armado interno, declarado en enero del 2024, contra más de 20 bandas terroristas.
Desde la vigencia de esa medida, 3 386 menores han sido detenidos por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, de acuerdo a datos publicados por la Subsecretaría de Estudios y Estadística de la Seguridad del Ministerio del Interior. 683 de ellos fueron aprehendidos con armas de fuego: 513 con pistolas y revólveres, pero 19 adolescentes fueron esposados con posesión de ametralladoras y otros 30 con fusiles.
2 078 de estas detenciones se produjeron en cinco provincias: Guayas (898), Pichincha (437), El Oro (263), Los Ríos (241) y Manabí (239). La sexta provincia es Esmeraldas, con 236 menores capturados, cuando en 2023, este territorio era el tercero con más adolescentes y niños capturados.
En los reportes gubernamentales de detenciones en 2025 aún no se ha detallado por qué razón los adolescentes fueron capturados, pero los datos de 2024 ya mostraban que este grupo etario ya estaba más inmerso en delitos graves.
