La reciente orden ejecutiva del presidente Donald Trump, que habilita la minería en aguas internacionales, desató una reacción global sin precedentes: 37 países han exigido una moratoria inmediata a la minería en aguas profundas, por los riesgos ambientales, políticos y científicos de avanzar sin reglas claras.
La minería submarina promete acceso a minerales críticos como cobalto, níquel y tierras raras, esenciales para la transición energética. Para Estados Unidos, esta posibilidad representa una ventaja estratégica frente a la competencia asiática. Pero el enfoque unilateral adoptado por Trump en un contexto de negociación global aún inconclusa ha sido visto como una ruptura del principio de “patrimonio común de la humanidad” que rige las aguas internacionales. Más allá de la política estadounidense, lo que está en juego es el diseño de un marco legal y económico viable que permita equilibrar desarrollo, soberanía, cooperación y sostenibilidad.
Moratoria o caos regulatorio
La respuesta internacional no se ha hecho esperar. Francia, Alemania, Canadá, Chile, Brasil y España, entre otros, han respaldado un llamado a la precaución. La consigna es clara: no se puede explotar lo que aún no se comprende. Los ecosistemas de aguas profundas son los menos conocidos del planeta, y la ciencia aún no puede anticipar el impacto real de la extracción masiva en estos entornos. “La minería en aguas profundas sin una base científica sólida sería equivalente a explotar un mercado sin auditoría previa”, advierte el oceanógrafo Rémi Parmentier, quien ha seguido de cerca las negociaciones. Para él, la urgencia no es explotar, sino entender: “explorar antes que extraer”.
Riesgos para la gobernanza global
El desafío no es solo ecológico. La ausencia de normas claras en aguas internacionales plantea riesgos de gobernanza, seguridad jurídica e incluso tensiones diplomáticas. La Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, encargada de establecer las reglas del juego, avanza con lentitud, mientras las presiones industriales aumentan.
Esto abre un dilema para los países con recursos tecnológicos: ¿esperar a un marco vinculante o avanzar de forma independiente? En este escenario, el liderazgo ético y diplomático se vuelve un activo estratégico. La moratoria propuesta busca precisamente ganar tiempo, construir consensos y evitar que la carrera por los recursos derive en conflictos o desequilibrios irreversibles.
Pesca de arrastre: la otra cara del debate
En paralelo a la minería, otro foco de tensión ha surgido en la cumbre de Niza: la pesca de arrastre en áreas marinas protegidas. Aunque técnicamente legal, su impacto ambiental es considerable. Organizaciones como Oceana y Seas At Risk acusan a países como España y Francia de incoherencia al proteger ciertos ecosistemas mientras permiten prácticas que los degradan. Este doble estándar deja al descubierto una verdad incómoda: sin coherencia regulatoria, no hay sostenibilidad posible.
Una oportunidad estratégica para América Latina
Para América Latina, esta discusión no es ajena. La región posee vastas zonas económicas exclusivas y una biodiversidad marina excepcional. De cara a un futuro basado en bioeconomía, sostenibilidad y diplomacia climática, mantener una posición activa en los foros internacionales puede fortalecer su liderazgo en la gobernanza oceánica. El equilibrio entre desarrollo y conservación será una carta clave en su proyección geopolítica
