Colombia vivió una nueva jornada de conmoción nacional tras el atentado que dejó gravemente herido al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, en un acto político en el occidente de Bogotá. Detrás del ataque, perpetrado por un menor de edad, se teje una red de interrogantes que pone en jaque la seguridad electoral, la penetración del crimen organizado y la manipulación de menores por estructuras violentas.
El hecho ocurrió el pasado 7 de junio, cerca de las 5 p. m., en el parque El Golfito, en el barrio Modelia, donde Uribe se dirigía a simpatizantes como parte de su precampaña presidencial. En medio de la multitud, un joven de aproximadamente 15 años se acercó al escenario y le disparó en repetidas ocasiones, impactándolo en la cabeza, el cuello y la pierna. El atacante fue reducido por personal de seguridad y capturado en el lugar, herido en el pie por un posible forcejeo o fuego cruzado.
La Fiscalía General de la Nación informó que el arma utilizada, una pistola Glock 9 mm, habría sido ingresada desde Estados Unidos, encendiendo alarmas sobre el tráfico de armas y la porosidad en los controles fronterizos. El presidente Gustavo Petro exigió colaboración internacional para investigar cómo el menor accedió al arma y quiénes estarían detrás de su radicalización y entrenamiento.
El estado de salud de Miguel Uribe es crítico pero estable, según los últimos reportes médicos. El equipo médico confirmó que el senador fue sometido a una cirugía de alta complejidad, y aunque continúa bajo pronóstico reservado, muestra respuestas neurológicas positivas.
Este atentado no solo ha impactado al espectro político colombiano, sino que ha generado una ola de desinformación en redes sociales.
El atentado contra Uribe se da en un momento de alta polarización política en Colombia, donde se vive una reconfiguración del poder de cara a las elecciones presidenciales de 2026. La oposición, encabezada por figuras del Centro Democrático, convocó a una “marcha del silencio” en todo el país, clamando por garantías democráticas y el fin de la violencia como instrumento de intimidación política.
La Fiscalía avanza en la identificación de los autores intelectuales y no se descarta que detrás del atentado existan intereses políticos, económicos o incluso venganzas personales. Mientras tanto, la sociedad civil exige respuestas claras, justicia y garantías para que ningún candidato vuelva a ser víctima del miedo.
