LA SEGURIDAD NO ADMITE EVASIVAS
La ola de criminalidad que azota al país crece sin freno, pese a los esfuerzos que el Gobierno central asegura estar realizando. Cada nuevo acto violento -como el reciente atentado con explosivos en la Bahía- deja víctimas y socava la confianza ciudadana en las instituciones, deslegitimando además el mandato democrático expresado en las urnas. No se puede permitir que logren su objetivo. Es urgente una estrategia distinta, más contundente y efectiva, que devuelva la paz a los hogares ecuatorianos. No bastan los operativos: se requiere inteligencia, prevención y un plan integral que abarque todos los frentes. Pero la lucha contra la violencia no debe recaer solo en el Gobierno. Empresas, vecinos, gremios y ciudadanos tienen un rol que asumir. Las organizaciones barriales, en coordinación con las autoridades, pueden convertirse en bastiones de resistencia frente a las bandas criminales. El tejido social debe fortalecerse desde lo local para cerrarle el paso al crimen. En este escenario, los alcaldes y gobiernos seccionales no pueden escudarse en que la seguridad es competencia exclusiva del Ejecutivo. Hacerlo es eludir su obligación de garantizar el bienestar ciudadano en su ámbito de competencia. Mejorar servicios, promover el empleo y recuperar los espacios públicos son acciones clave para restarle terreno al delito.
