Penas por pertenecer a una estructura criminal organizada, aún cuando no se haya cometido un delito, es uno de los cambios incorporados en el proyecto económico urgente para desactivar las economías criminales, impulsado por el presidente Daniel Noboa en Ecuador.
La Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y de la Microempresa de la Asamblea se reúne desde las 18:50 de este 27 de mayo para aprobar el informe de primer debate de la propuesta oficial.
Desde el 21 de mayo que la mesa empezó a tratar el tema, han pasado por esta ministros de Estado; juristas en materia penal y constitucional; empresarios y miembros de las fuerzas del orden que han dado su testimonio de cómo es enfrentar a estas bandas, muchas veces en desventaja.
La presidenta de la comisión, Valentina Centeno, de Acción Democrática Nacional (ADN) explicó este martes que se han procesado todas las contribuciones y opiniones obtenidas en menos de una semana.
Resaltó que el espíritu del proyecto es la unión y trabajo conjunto entre el Estado y la empresa privada para enfrentar al crimen organizado.
En ese sentido, la propuesta del Gobierno es que las empresas puedan donar hasta un 30% de su Impuesto a la Renta (IR) en insumos, materiales y equipamiento para Policía Nacional y Fuerzas Armadas.
La Comisión de Desarrollo Económico incluyó la posibilidad de que se entreguen bienes inmuebles, que no estaban en la ley original, para que sean usados por las fuerzas del orden en el marco del conflicto armado interno.
Existen condiciones para donar
Los aportes y bienes que sean ofrecidos por la empresa privada deberán ser catalogados y aprobados por los ministerios del Interior, cuando sean para la Policía, y de Defensa para las Fuerzas Armadas.
En ese proceso también intervendrá el Servicio de Rentas Internas (SRI) que deberá comprobar el valor monetario de la donación para determinar el beneficio tributario a ser entregado.
“Las fuerzas del orden han explicado que necesitan armas de fuego, vehículos tácticos, infraestructuras para UPC, tecnología, drones y otros insumos para modernizarse”.
Valentina Centeno, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico
Reformas penales : Pero las propuestas que más llaman la atención y han generado polémica son las que tienen que ver con los procedimientos judiciales y sanciones para los integrantes de las bandas delictivas organizadas.
Centeno detalló que en el informe para primer debate se han incluido temas como:
Ya no solo se sancionaría la participación o cometimiento de un delito, sino también la pertenencia a bandas del crimen organizado.
Reglas más estrictas para quienes generen “disturbios y terrorismo” en las calles.
Los casos de delincuencia organizada recaerían en los actuales jueces anticorrupción y no se crearía una nueva figura de jueces para el conflicto armado interno, como proponía el Ejecutivo.
El documento original proponía investigaciones de 15 días, pero la comisión puso un plazo de 90 días, por la sugerencia de abogados penalistas que pidieron ampliar el plazo y tener procesos más robustos.
La pena que recibiría una persona por ser parte de una banda del crimen organizado, aunque no hayan indicios de que ha cometido un delito, superaría los 25 años.
