El ciudadano ecuatoriano William Joffre Alcívar Bautista, conocido como alias ‘Comandante Willy’ y presunto líder de la banda criminal Los Tiguerones, se negó el pasado 24 de abril de 2025 a ser extraditado desde España a Ecuador, alegando que su vida estaría en grave peligro si regresara a su país, al que acusó de tener un gobierno «injusto».
Actualmente, Alcívar se encuentra bajo prisión preventiva en España, y compareció ese jueves ante la Audiencia Nacional durante la audiencia de extradición. Es requerido por las autoridades ecuatorianas por su presunta participación en delitos como extorsión, tráfico de armas y explosivos.
El sospechoso fue capturado junto a su hermano, Álex Iván Alcívar, alias ‘Ronco’, también considerado un alto miembro de Los Tiguerones, el pasado 23 de octubre en la provincia de Tarragona, en el noreste español. Su hermano aún espera la fecha para su propia audiencia de extradición.
Según la Fiscalía de Ecuador, William Alcívar estaría involucrado en el ataque armado perpetrado en enero de 2024 contra las instalaciones del canal TC Televisión.
“No confío en el gobierno ni en las cárceles de Ecuador”, dice Alcívar
Durante la audiencia, y en respuesta a preguntas de su abogado, Gonzalo Boye, Alcívar manifestó que teme por su vida si es devuelto a Ecuador. Señaló que no cree en la imparcialidad del sistema judicial ecuatoriano y que teme represalias en prisión.
“Mi vida estaría en riesgo en Ecuador, porque no es un gobierno justo y no recibiría un juicio adecuado”, declaró. También aseguró haber recibido amenazas junto a su hermano, aunque no identificó a los responsables, y calificó a las cárceles de su país como «inseguras», acusando al gobierno de ejercer un control excesivo sobre todo el sistema.
Fiscalía española respalda la extradición
En contraste, la Fiscalía española no encontró razones válidas para impedir la extradición y solicitó al tribunal autorizarla. A pesar de los argumentos presentados por la defensa, que incluyó supuestas irregularidades técnicas y el hecho de que no se lo acuse por un delito específico, sino por liderar una organización desde el extranjero, el Ministerio Público insistió en que no hay impedimentos legales.
El abogado defensor sostuvo, además, que existe una alta probabilidad de que su cliente «muera en cuestión de días, horas o meses» tras ser extraditado. Por ello, pidió al tribunal que, en caso de autorizar la entrega, se exijan garantías formales al Estado ecuatoriano, avaladas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
